Postales (en épocas de crisis), Alcorta - Año 6 - Nº 27 - agosto de 2003
las agresiones y amenazas a vecinos de Máximo Paz dejaron al descubierto una historia que a lo largo de diez años se escribió -sobre todo- en el cuerpo de los pibes santafesinos pobres. La movilización de la comunidad, sin precedentes cercanos en el tiempo, marca la intención de cerrar esa historia de abusos, maltratos e impunidades.

golpes y amenazas
La agresión a Sergio Giovanángelo en su casa de Máximo Paz, el 26 de junio pasado, las amenazas que él mismo y una psicólogo sufren desde hace siete meses, y las inéditas movilizaciones en la localidad dejaron al descubierto una historia que comenzó a tejerse, por lo menos, diez años atrás. Después de los golpes que dejaron inconsciente al conocido técnico de fútbol, el comisario de la localidad, Edgardo Rojas señaló que "se está haciendo todo lo posible, pero no hay pistas". Sin embargo, para muchos de los pobladores de Máximo Paz, no hay dudas acerca del origen de las amenazas y los golpes. Las dos víctimas formaron parte de la Comisión de Apoyo al Hogar de Menores San Miguel, de la que Giovanángelo fue coordinador, y que produjo un Informe de Gestión que derivó en el cierre del instituto. Durante dos sábados consecutivos, el 5 y el 12 de julio, los habitantes de Máximo Paz se autoconvocaron a marchar "por el esclarecimiento de la agresión" y para que no se repitan "hechos semejantes". Las marchas reunieron a más de 500 personas en una localidad de poco más que 2.700 habitantes.

el Informe de la Comisión
El 16 de abril del 2002, en Máximo Paz, se reunieron el Presidente Comunal Horacio Andreozzi, el Juez de Menores de Villa Constitución Juan José Carmona, miembros del Consejo Técnico Asesor de la Comuna de Máximo Paz, profesionales, integrantes de la comunidad educativa y miembros de la comunidad en general. El objetivo era "informarse acerca del funcionamiento del Hogar de Niños San Miguel" dado el estado generalizado "de quejas existentes en la comunidad". Así nació la Comisión de Apoyo, integrada por miembros de la comunidad y un Grupo de Ayuda que contaba con psicólogos, fonoaudiólogas, médicos, profesores de educación especial, etc. La Comisión fue acompañada permanentemente por la presencia del Juez Carmona.
En octubre del 2002, se dio a conocer el Informe de Gestión, producto de esos meses de trabajo. Allí se detallan serias irregularidades en el funcionamiento del Hogar, y alrededor de su director, el cura párroco de Máximo Paz, Carlos Sala. El Hogar trabajaba bajo la forma jurídica legal de una Organización No Gubernamental. Para la Comisión de Apoyo, "ésta ONG está conformada por una comisión cuyos miembros, en su gran mayoría, no son residentes de este pueblo". La institución "era beneficiaría de un subsidio económico" proveniente de la Dirección Provincial del Menor y la Familia que "a través de un contrato otorgaba $114 por cada niño por mes y por una cantidad de 20 plazas, estén éstas cubiertas o no". Al Hogar llegaban, entonces, $2.280 mensuales, para atender las necesidades de seis niños que "en el momento en que este grupo de apoyo toma contacto" con el Hogar, vivían allí. Además, "la Comuna local proveía, a través del 'Comedor Belén', 12 raciones diarias para la alimentación de los niños, un tubo de 45 kg de gas por mes y el aporte de un personal de limpieza", reza el Informe. Sin embargo, "los niños recibían como merienda una taza de té o mate cocido con pan o galletitas, sin consumir una ración mínima diaria de leche. La cena consistía en el sobrante de la comida del mediodía".
No terminan allí las irregularidades consignadas por la Comisión de Apoyo: en el Hogar convivían "chicos de distintas edades que iban desde los 5 hasta los 17 años", al tiempo que se registró "la presencia de dos personas mayores que vivían en el Hogar sin funciones específicas". A los menores alojados en el Hogar "se los castigaba impidiéndoles ir a las actividades recreativas (fútbol, básquet, dibujo, folclore, etc) o culturales, suspendiéndoles las llamadas por teléfono y las visitas a sus familiares los fines de semana, impidiéndoles concurrir a la escuela e intervenir en actos escolares, etc". El informe constata que a pesar del pedido de docentes de realizar estudios específicos para algunos niños, efectuados al sacerdote Carlos Sala, "los niños con graves problemas psicológicos y sociales seguían sin ser atendidos por profesionales y sin ser contenidos adecuadamente por quienes conducían la institución". A la vez se consigna que "el Hogar permanecía cerrado de 13 a 16 horas, durante las cuales los niños eran derivados a cumplimentar tareas de limpieza en la Parroquia local (barrido de veredas, limpieza del salón y el hall, pulido de metales, limpieza de pisos, ordenamiento y cuidado del patio, limpieza de los techos, etc)". A veces, "los chicos permanecían en la parroquia hasta aproximadamente las 21 horas". El informe detalla también las dificultades para llevar adelante su trabajo: "las puertas del Hogar estaban cerradas con llave, otras veces los chicos no estaban. No se respetaban de parte de los encargados del Hogar, los horarios de trabajo y las actividades pautadas tanto con la operadora como con las psicólogos y la maestra especial. Era imposible programar actividades con los niños...".
A raíz de estas cuestiones se elevaron informes al Juez Carmona, a la Dirección Provincial del Menor y la Familia y al Obispo de la Diócesis de Venado Tuerto, Gustavo Arturo Help. Sobre el cierre del albergue dice el informe: "los Jueces de Menores que habían derivado distintos casos a este Hogar, después de considerar las irregularidades en el funcionamiento del mismo, fueron retirando a los menores y derivándolos a otras instituciones. Lo mismo hizo la Dirección Provincial del Menor y la Familia que también había derivado niños al Hogar. Después de lo cual se resuelve anular el contrato que mantenía con esta Institución".

religión y después
Para muchos de los vecinos llegó la hora de que el Obispado de Venado Tuerto decida el traslado del sacerdote, cuestionado por segunda vez en diez años. Esos mismos vecinos descreen de la investigación policial. Y desconfían del juez que tiene a cargo la investigación, Rubén Bissio, por la rapidez con que absolvió al sacerdote en 1994, en una causa por abuso deshonesto que Carlos Sala tuvo que enfrentar a raíz de la denuncia de Elena del Carmen Velardez. La mujer declaró que el sacerdote "habría intentado hacerle proposiciones deshonestas" a uno de sus hijos, alojado en el Hogar. El 12 de octubre de 1994, en una asamblea popular con más de 250 personas, el por entonces Obispo de la Diócesis, Paulino Reale, afirmó que no podía aceptar el reclamo de la comunidad del traslado del cura porque "sería como juzgarlo de antemano". El caso fue investigado por el Juez Bissio, quien dejó libre de culpa y cargo al sacerdote.
Una historia de diez años, conocida o intuida por todos, apenas denunciada en voz baja por las mismas víctimas, los pibes, y finalmente enfrentada por una movilización comunitaria sin antecedentes cercanos, parece llegar a su fin. Por las calles de la localidad que alguna vez se soñó tranquila, solidaria y alegre, comenzó a circular un rumor, mezcla de oscura fe y oportunismo. Una historia que cuenta que, en realidad, las inundaciones de la capital provincial, Santa Fe, fueron un castigo divino por el proceso abierto al ex-Obispo santafesino, Edgardo Gabriel Storni. Un "castigo ejemplificador" para todo aquel que ose cuestionar el poder de una sotana.
Mientras tanto, los pibes, en sus cuerpos, siguen llevando las marcas de un poder criminal. El Estado es el dueño del cuerpo de los pibes pobres. El Estado y sus convenios. Cuando el Hogar San Miguel cerró sus puertas los menores fueron, oficialmente, "reubicados en otras instituciones". Uno de ellos, alojado en un instituto de la ciudad de Rosario, terminó escapándose, para refugiarse en el banco de una plaza céntrica.
Habrá que tener presente que más allá del silencio cómplice del Obispado de Venado Tuerto y de su titular, Gustavo Help; más allá de la mediocre investigación del comisario Rojas; más allá de las carpetas apilándose en el despacho del juez Bissio o del juez Carmona; incluso más allá de castigos divinos, de la cruz y del Código penal; están los pibes. Con sus cuerpos tatuados por las marcas ancestrales del despojo.