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La Capital - Año CXXXVI - Nº 49902 - lunes, 14 de julio de 2003 - Página 21
Máximo Paz. - La comunidad realizó anteayer una segunda marcha de silencio pidiendo que se aclare una brutal e inexplicable agresión sufrida por un vecino. Esta vez participaron legisladores y dirigentes agrarios y del magisterio santafesino. La víctima, de nombre Sergio, es un director técnico de fútbol respetado por la población y no encuentra razones para el ataque. Para el jefe comunal, Horacio Andreozzi, se impone el esclarecimiento total y el castigo a los autores materiales e ideológicos.

El sábado a la tarde, legisladores y dirigentes gremiales de la región se sumaron al repudio de una comunidad consternada porque nunca vivió hechos con sellos mafiosos.

Sucedió el pasado 26 de junio, alrededor de las 18, cuando dos sujetos ingresaron de golpe en la casa de Sergio. Además de golpearlo, lo agredieron con un arma blanca y huyeron con la misma tranquilidad con la que se movieron: sin llevarse nada y sin que mediara explicación alguna.

Amenazas previas
Siete meses antes, Sergio y otra vecina llamada Claudia habían recibido amenazas telefónicas que auguraban una golpiza. La vinculación entre ambos amenazados era haber participado en la difusión de un informe (ver aparte) sobre un hogar de niños que a partir de aquel momento se cerró. Que ahora se haya cumplido parte de aquel pronóstico induce a la población a pensar que habría alguna relación con aquella situación, pero las investigaciones todavía no arrojaron luz al respecto.

"Nuestra comunidad tiene como objetivo de vida ser solidaria, tranquila, pacífica y justa", dijo en su discurso Andreozzi. En el acto también hubo discursos de los amigos de Sergio y se leyó un poema del escritor uruguayo Eduardo Galeano.

En la movilización se vieron representados los distintos sectores de la comunidad. Sin embargo, no pocos vecinos señalaron especialmente la ausencia del párroco del pueblo.

Finalmente, en una reunión posterior a la marcha, se puso a disposición de los legisladores provinciales presentes (el senador Pablo Cardinale y los diputados Alfredo Cechi y Roberto Cané) el informe sobre el hogar de niños que funcionaba en Máximo Paz (ver aparte), cuyo cierre estaría relacionado, según especulaciones en las que coinciden muchos vecinos, con esta agresión.
En abril de 2002, vecinos del pueblo conformaron una comisión ante conflictos y quejas relacionadas con el hogar San Miguel de Máximo Paz. Participaron el juez de menores Juan José Carmona, autoridades y profesionales locales. Entre los allegados al grupo estaba Sergio. El objetivo era trabajar en forma conjunta con la dirección del hogar, ampliar la contención de los menores e incorporar un gabinete psicopedagógico.
La comisión redactó un documento en el que reseña las actividades proyectadas para dar al hogar "un marco prudente, lógico, positivo y reparador, que tienda a superar problemas y no agudizarlos". Pero a pesar de su voluntad, el grupo no pudo articular el proyecto: "Nuestra participación no fue bienvenida", afirman en el informe final.
Según el documento, el hogar San Miguel es una ONG que recibía un subsidio de la Dirección Provincial del Menor y la Familia y estaba conformada "por una comisión cuyos miembros, en su mayoría, no son del pueblo". El subsidio incluía 114 pesos mensuales por niño y por veinte plazas, cubiertas o no. "Cuando tomamos contacto con el hogar, había seis niños", dice el informe.

Buen subsidio, poca comida
El documento, titulado "Informe de gestión de la comisión de apoyo al Hogar San Miguel", sostiene que los niños no recibían una ración mínima diaria de leche y que la cena consistía en las sobras del mediodía. "La inversión en alimentos era casi nula y nos consta que la subvención de la provincia era muy adecuada", afirma la nota. Además, señala que en el hogar convivían chicos de 5 a 17 años y que había dos mayores sin funciones específicas.
También se apunta que "ante conductas consideradas inapropiadas se castigaba a los niños impidiéndoles ir a actividades recreativas o suspendiendo las llamadas telefónicas y las visitas de familiares". También señala que nunca se realizaron estudios específicos a los niños para conocer los impedimentos de su adaptación al medio escolar y que no se le brindaba contención.
Según el informe, a pesar de todos los señalamientos "no hubo cambios favorables por lo que los jueces de menores retiraron a los niños y la Dirección del Menor anuló el contrato con el hogar. Los informes, actas y todo el material relacionado con el tema se encuentran en la comuna.

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postalesdelsur.net - 29 de julio de 2003
Comunidades de menos de diez mil habitantes están protagonizando movilizaciones y asambleas populares que expresan el hartazgo de sus habitantes contra distintas formas de impunidad y sus denuncias ya no reparan en instituciones casi intocables en otros tiempos como la iglesia católica. En el corazón de los reclamos aparece el manoseo a los chicos, la violencia contra los opositores políticos y el permanente pedido de justicia. Y a pesar de que los jefes comunales, diputados y senadores departamentales se esmeran en darle una contención a estas expresiones, los documentos, producidos de manera colectiva, apuntan directamente al gobernador Carlos Reutemann. Así como el arzobispo santafesino Vicente Zazpe hablara alguna vez, a fines de los años setenta, de una Argentina secreta, comienza a existir una nueva geografía política en el interior de la provincia, una Santa Fe secreta y hastiada de diversas formas de impunidad.

Los hechos de Máximo Paz
El 26 de junio Sergio Giovanángelo fue atacado en su casa de la localidad de Máximo Paz por dos hombres que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. La comunidad entera se movilizó pidiendo el esclarecimiento del hecho, que relacionan con el cierre de un Hogar de Menores dirigido por el sacerdote Carlos Sala. No es la primera vez que el cura de Máximo Paz se encuentra cuestionado por gran parte de la localidad. En octubre de 1994, el religioso fue denunciado por intento de abuso contra un menor alojado en el Hogar, contó el periodista y escritor, Jorge Cadús, uno de los directores de la revista Postales de la ciudad de Alcorta, en el sur provincial.

Giovanángelo fue atacado en su casa por dos hombres que lo golpearon, lo cortaron "sutilmente" con una navaja y lo patearon hasta dejarlo inconsciente. Los atacantes no robaron nada, y desaparecieron sin ser vistos. Giovanángelo es director técnico de fútbol, un tipo querido y conocido en Máximo Paz. Hace algunos meses atrás (siete), él y la psicóloga Claudia Gastau recibieron amenazas telefónicas. "Te vamos a secuestrar tus hijos", le dijeron a la profesional; mientras que a Giovanángelo le previnieron: "te vamos a moler a palos", agrega la crónica El 16 de abril del 2002, en Máximo Paz, se reunieron el Presidente Comunal Horacio Andreozzi, el Juez de Menores de Villa Constitución Juan José Carmona, miembros del Consejo Técnico Asesor de la Comuna de Máximo Paz, profesionales locales, integrantes de la comunidad educativa y miembros de la comunidad en general. El objetivo era "informarse acerca del funcionamiento del Hogar de Niños 'San Miguel' de esta localidad, e intercambiar diferentes opiniones dado el estado generalizado de quejas existentes en la comunidad acerca de diversas situaciones de conflictos".

Así nació la Comisión de Apoyo, integrada por miembros de la comunidad y un Grupo de Ayuda que contaba con un equipo interdisciplinario: psicólogas, fonoaudiólogas, médicos, profesores de educación especial, etc. La Comisión "trabajaría en forma conjunta con una operadora (encargada de ayudar en el orden interno del Hogar)", y fue acompañada permanentemente por la presencia del Juez de Menores de Villa Constitución, el nombrado Carmona.

En octubre del 2002, la Comisión expuso un Informe de Gestión, producto de esos meses de trabajo. Allí detallaba serias irregularidades en el funcionamiento del Hogar de Menores San Miguel, y alrededor de su director, el cura párroco de Máximo Paz, Carlos Sala.

El Hogar de Menores trabajaba bajo la forma jurídica legal de una Organización No Gubernamental. Para la Comisión de Apoyo, "ésta ONG está conformada por una comisión cuyos miembros, en su gran mayoría, no son residentes de este pueblo". La institución "era beneficiaria de un subsidio económico" proveniente de la Dirección Provincial del Menor y la Familia que "a través de un contrato otorgaba $114.- por cada niño por mes y por una cantidad de 20 plazas, estén éstas cubiertas o no (...) en el momento en que este grupo de apoyo toma contacto" con el Hogar, vivían allí seis niños.

"La Comuna local proveía, a través del 'Comedor Belén', 12 raciones diarias para la alimentación de los niños, un tubo de 45 kg de gas por mes y el aporte de un personal de limpieza", reza el Informe. Sin embargo, "los niños recibían como merienda una taza de té o mate cocido con pan o galletitas, sin consumir una ración mínima diaria de leche. La cena consistía en el sobrante de la comida del mediodía".

No terminan allí las irregularidades consignadas por la Comisión de Apoyo: "En el Hogar se encontraban conviviendo chicos de distintas edades que iban desde los 5 hasta los 17 años. A su vez, se tomó conocimiento de la presencia de dos personas mayores que vivían en el Hogar sin funciones específicas en relación al mismo". A los menores alojados en el Hogar "se los castigaba impidiéndoles ir a las actividades recreativas (fútbol, básquet, dibujo, folclore, etc) o culturales, suspendiéndoles las llamadas por teléfono y las visitas a sus familiares los fines de semana, impidiéndoles concurrir a la escuela e intervenir en actos escolares, etc". El informe constata que a pesar del pedido de docentes para estudios específicos para algunos niños, realizados al director del Hogar, el sacerdote Carlos Sala, "los niños con graves problemas psicológicos y sociales seguían sin ser atendidos por profesionales y sin ser contenidos adecuadamente por quienes conducían la institución". A la vez se consigna que "el Hogar ermanecía cerrado de 13 a 16 horas, durante las cuales los niños eran derivados a cumplimentar tareas de limpieza en la Parroquia local (barrido de veredas, limpieza del salón y el hall, pulido de metales, limpieza de pisos, ordenamiento y cuidado del patio, limpieza de los techos, etc)". A veces, dice el informe, "los chicos permanecían en la parroquia hasta aproximadamente las 21 horas".

El informe detalla también las dificultades para llevar adelante su trabajo: "A veces las puertas del Hogar estaban cerradas con llave, otras veces los chicos nos estaban. No se respetaban de parte de los encargados del Hogar, los horarios de trabajo y las actividades pautadas tanto con la operadora como con las psicólogas y la maestra especial. Era imposible programar actividades con los niños...". A raíz de estas dificultades "se mantuvieron conversaciones y entrevistas" con el Juez Juan José Carmona y con representantes de la Dirección Provincial del Menor y la Familia. Se elaboraron informes que se enviaron al Obispo de la Diócesis de Venado Tuerto, Gustavo Arturo Help, y a distintos funcionarios de la provincia. Sobre el cierre del albergue dice el informe: "los Jueces de Menores que habían derivado distintos casos a éste Hogar, después de considerar las irregularidades en el funcionamiento del mismo, fueron retirando a los menores y derivándolos a otras instituciones. Lo mismo hizo la Dirección Provincial del Menor y la Familia que también había derivado niños al Hogar. Después de lo cual se resuelve anular el contrato que mantenía con ésta Institución". El Hogar de Menores San Miguel finalmente cerró sus puertas en diciembre del 2002. Los menores fueron, oficialmente, "reubicados en otras instituciones".

Más cerca de Herodes que de Cristo
El sábado 5 de julio los habitantes de Máximo Paz se autoconvocaron a una Marcha de Silencio por el esclarecimiento de la agresión a Giovanángelo. La marcha reunió a 500 personas en una localidad de poco más que 2.700 habitantes. La comunidad, junto a las autoridades del pueblo, marchó alrededor de la plaza y entonó el Himno Nacional Argentino en una de las esquinas. Expresó su solidaridad con la víctima, exigió el esclarecimiento y advirtió para que no se repitan"hechos semejantes". Una semana después, con una investigación que no aportó novedad alguna acerca de la agresión, los vecinos volvieron a autoconvocarse. A la marcha del 12 de julio, que congregó alrededor de 600 personas de distintos sectores de la localidad, se sumaron dirigentes agrarios, representantes del gremio docente y legisladores provinciales. En una reunión luego de la marcha, se entregó a los legisladores Pablo Cardinale, Roberto Cané y Alfredo Cecchi el informe sobre el Hogar de Menores cerrado en diciembre del 2002, sigue diciendo Cadús en su preciso informe remitido a esta revista.

No es la primera vez que el cura párroco de Máximo Paz se encuentra cuestionado por gran parte de la localidad donde ejerce su sacerdocio. Hacia octubre de 1994, el sacerdote Carlos Sala tuvo que enfrentarse a una denuncia por intento de abuso deshonesto contra un menor alojado en el ahora cerrado Hogar de Menores. Su imagen se repitió no sólo en los medios regionales, sino que el tema alcanzó ribetes nacionales. Elena del Carmen Velardez radicó la denuncia en la Comisaría III de la localidad contra el sacerdote Carlos Sala, quien "habría intentado hacerle proposiciones deshonestas" a uno de sus hijos, alojado en el Hogar de Menores que dependía del Arzobispado de Venado Tuerto. La grave denuncia fue investigada por el Juez de Instrucción y Correccional de Villa Constitución, Rubén Bissio. El 12 de octubre de 1994 se produjo una asamblea popular en la localidad, en la que estuvo presente incluso el por entonces Obispo de la Diócesis, Paulino Reale. Más de 250 personas acudieron a la reunión, que tuvo momentos de tensión entre defensores y acusadores del cura Sala. Allí, Paulino Reale afirmó que "si la Justicia falla que el padre Sala es culpable, la Iglesia tomará los recaudos del caso: retiro del lugar y del ejercicio de sus funciones" y aclaró que no podía aceptar el reclamo de la comunidad del traslado del cura porque "sería como juzgarlo de antemano". Finalmente, la Justicia dejó libre de culpa y cargo al sacerdote, apuntó el periodista.

Los vecinos dicen que el cura Sala no concurre a las marchas. Para muchos, llegó la hora de que el Obispo de Venado Tuerto decida el traslado del sacerdote cuestionado por segunda vez en diez años. Horacio Andreozzi, presidente comunal de Máximo Paz, sostiene que "la gente relaciona la actividad pública de Sergio, las amenazas por el Informe de Gestión sobre el Hogar, y la paliza que le dieron". Mientras tanto, por las calles de la localidad que alguna vez se soñó tranquila, solidaria y alegre, comenzó a circular un rumor, mezcla de fe y oportunismo. Una historia que cuenta que, en realidad, las inundaciones de la capital provincial, Santa Fe, fueron un castigo divino por el proceso abierto al ex-Obispo santafesino, Edgardo Storni, agrega Cadús en una postal que merecería figurar en cualquier texto de Jorge Amado o García Márquez.